Desde el pasado 28 de junio de 2025, todos los nuevos cajeros automáticos instalados en España deberán cumplir con los requisitos de accesibilidad establecidos por la Ley 11/2023, que incorpora la Directiva Europea 2019/882. Esta normativa busca eliminar barreras y garantizar un acceso equitativo a los servicios financieros, especialmente para personas mayores, con discapacidad o con dificultades tecnológicas.
La ley exige que los nuevos dispositivos cuenten con interfaces accesibles, intuitivas y multisensoriales: pantallas con mayor tamaño de letra, alto contraste, brillo ajustable, botones en relieve y sistemas de audioguía mediante auriculares. Además, deberán instalarse a una altura accesible y en ubicaciones adaptadas, facilitando su uso a personas en silla de ruedas o con movilidad reducida.
Los cajeros ya instalados tienen hasta 2030 para adaptarse, salvo aquellos con más de 10 años de antigüedad, que deberán ser reemplazados antes. Las sanciones por incumplimiento van desde 30.000 hasta un millón de euros, en función de la gravedad. Se estima que más de 4,3 millones de personas en España podrían beneficiarse directamente de esta adaptación, que forma parte del marco normativo europeo para garantizar la accesibilidad en productos y servicios.
